La mayoría de los gobiernos municipales de América Latina ya
consideran las redes sociales como un recurso obligado de comunicación hacia la
población. Así lo refiere, con entusiasmo, el “Estudio del Perfil de los
Gobernantes Latinoamericanos en Redes Sociales”, elaborado por el Banco
Interamericano de Desarrollo. En especial, el BID destaca que estas
dependencias hayan creado estructuras formales (puestos, áreas de oficina) para
el manejo de sus cuentas y para el envío de mensajes oficiales.
Este
entusiasmo del BID resulta tan abstracto que puede insertarse en la corriente
del tecnofanatismo, esa tendencia que suele elogiar las potencialidades de cada
avance tecnológico sin considerar cómo será utilizado, por quién y con qué
propósitos.
Lo
cierto es que, en México, los gobernautas han incursionado en las redes
sociales con propósitos más defensivos que de socialización.
Hace
apenas tres años, varios mercadólogos y encuestólogos afirmaban que lo que
ocurría en las redes sociales se quedaba ahí, no trascendía hacia la vida real.
En mayo de 2012, Joaquín López Dóriga preguntó en su noticiario nocturno qué
tanto podrían incidir en las elecciones presidenciales las severas críticas en
redes sociales al entonces candidato Peña Nieto. La respuesta de Roy Campos
(Consulta Mitofsky) fue categórica: “será marginal”. Aseguró que lo dicho en
redes sociales no trascendía el ámbito virtual.
Hoy
sabemos que, en ese mismo momento, la maquinaria partidista ya estaba echando
mano de múltiples recursos para evitar la derrota electoral, al observar que la
opinión en redes sociales y el sentir del movimiento YoSoy132 estaba permeando
entre gran parte de los votantes.
Ese
episodio evidenció la fuerza (y el potencial) de las redes sociales. De
inmediato, todos los niveles de gobierno iniciaron acciones para ganar
presencia virtual, pero también para manipular ese ámbito, restringirlo, acosar
a usuarios, perseguirlos, entorpecer vínculos, bloquear temas críticos, banalizar,
saturar, intimidar, amenazar... Es decir, llevaron a las redes sociales todas
las prácticas que suelen emplear en la vida real cuando se trata de ejercer el
poder, y conservarlo.
También
comenzaron a saturar las redes con mensajes propagandísticos, en muchos casos
para maquillar la deficiencia (o ausencia) de las acciones de gobierno. Otro
aspecto fue la compra de simpatizantes y seguidores.
Manipular
la popularidad, en vez de socializar
Inflar
las cuentas de Twitter con seguidores falsos era una práctica seguida por
miembros de la farándula, le siguieron algunos comunicadores y luego vinieron
los políticos. Se estima que todos recurren a un mismo tipo de proveedor: las
agencias de publicidad y relaciones públicas.
La
revista Forbes enlistó el 11 de mayo pasado a los gobernadores mexicanos con
altos porcentajes de seguidores falsos. Destacaban los casos de los mandatarios
de Hidalgo (Francisco Olvera), DF (Miguel Ángel Mancera), Zacatecas (Miguel
Alonso), Nayarit (Roberto Sandoval), Tabasco (Arturo Núñez), Estado de México
(Eruviel Ávila), Guerrero (Rogelio Ortega) y Michoacán (Salvador Jara). Todos
ellos tenían más de 50% de seguidores falsos; los dos primeros superaban el
70%. Sólo dos gobernadores (Yucatán y San Luis Potosí) tenían 80% y 81% de
seguidores reales, respectivamente.
Se
trataba -retomando el entusiasmo del BID- de gobernantes que habían creado
estructuras formales para actuar en las redes sociales... en beneficio de su
persona o su facción política.
En
el mismo sentido va el caso del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue
señalado en el reporte Twiplomacy, elaborado por la publirrelacionista
Burson-Marsteller, como el mandatario “más popular” en Latinoamérica, en
función del volumen de seguidores. Sin embargo, el 71% de las cuentas que
seguían al presidente mexicano eran falsas, según la herramienta TwitterAudit.
[En los últimos meses han intentado reparar su cuenta, pero no es algo que se
resuelve de inmediato sin evidenciar una caída drástica en el número de
seguidores. Todavía arrastra un 55% de seguidores falsos.]
En
este caso, nuevamente, hay una decisión institucional: la oficina de
Presidencia creó una Coordinación de Estrategia Digital Nacional
Sin
banalizar la manipulación, el engaño o la demagogia, resultan aún más graves
los actos de tecnocensura que se han practicado en momentos críticos, por sus
nocivos impactos sociales y su alto costo. [Ver:
http://www.otroangulo.info/de-la-web/exigen-que-twitter-elimine-la-tecnocensura/]
El
BID ya debería saber que lo institucional y administrativo no se traduce de
manera automática en política pública. En México, la incursión de políticos y
gobernantes en las redes sociales genera, hasta el momento, más recelo que
entusiasmo público.
[Gerardo
Moncada]
