Es
inocultable la escalada de agresiones contra los periodistas, con una abierta
participación de las instituciones de gobierno. Es tan evidente que, al iniciar
2015, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras alertaba: “México
se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios
de comunicación. En 2014 se distinguió por ser el más mortífero de América
[...] La colusión de ciertas autoridades políticas y administrativas con el
crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la
información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia a todos los niveles
en el país”.
La
responsable para América de esta organización, Claire San Filippo, pedía un
cambio en la conducta del gobierno mexicano: “Es alarmante la multiplicación a
un ritmo exponencial de los ataques contra los actores de la información a
inicios de 2015. ¿Qué hace el Estado mexicano? ¿Continuará mirando hacia otro
lado mientras que los medios de comunicación se ven obligados a dejar de cubrir
las noticias sobre la violencia, el narcotráfico o la corrupción y que los
periodistas optan por el exilio? Las autoridades mexicanas deben
imperativamente acabar con la impunidad casi total, que genera miedo y
autocensura. Basta de inacción y de complicidad”.
[http://es.rsf.org/mexico-negro-inicio-de-ano-para-los-18-02-2015,47594.html]
Es
cierto que el gobierno ha creado dependencias, cargos, leyes, reglamentos,
normas, disposiciones y programas para atender los ataques a periodistas. Y se
ha dicho que es uno de los sistemas más robustos de protección en el mundo,
pero el enfoque burocratizado le ha conferido una efectividad nula.
Una
muestra es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE). Surgió en 2010. Al concluir 2013 arrastraba 66
averiguaciones sin resolver; al terminar 2014 el número era de 121 averiguaciones
pendientes. El tema de los recursos no sería una excusa, pues su presupuesto
anual creció 1,200%, al pasar de 3 millones de pesos en 2012 a 39 millones en
2014.
Frente
a la inoperancia burocrática, las agresiones se multiplican, con un lamentable
desempeño en las instituciones
gubernamentales que va de una escandalosa banalización al momento de aplicar la
justicia hasta la descalificación profesional o la criminalización de los
afectados, comportamientos que se traducen en una garantía de impunidad para
los agresores.
Así
quedó evidenciado en los pocos casos en que se logró detener a los atacantes.
En Guanajuato, el juez liberó a los golpeadores de Karla Silva Guerrero tras
pagar una fianza de $2 mil 599 pesos y decidió no investigar a las autoridades
que ordenaron el ataque (confesión de los detenidos). En Yucatán, el juez dejó
en libertad a los policías municipales que golpearon a Edwin Canché tras pagar
una fianza de $8 mil pesos.
[http://www.animalpolitico.com/2015/03/cada-26-horas-un-periodista-es-agredido-en-mexico-articulo-19/]
El
desempeño de las procuradurías también ha sido lamentable, al descalificar de
entrada la profesión o la honorabilidad de los agredidos para descartar líneas
de investigación cruciales. En una de las primeras declaraciones en torno al
violento asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, la Procuraduría
del DF afirmó que la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa no tenía relación
con su profesión, pues se encontraba desempleado (a pesar de haber huido de
Veracruz por amenazas del gobierno estatal). En Veracruz, tras la muerte de
Moisés Sánchez, la Procuraduría estatal afirmó que no era periodista, que era
taxista. Esta práctica se ha aplicado a casi todos los periodistas
independientes que han sido agredidos.
Ahora,
esa descalificación se ha convertido en ley en Quintana Roo, la segunda entidad
con el mayor número de agresiones a la prensa. La ley recién aprobada que
presuntamente busca “la protección” de periodistas, sólo reconoce como tales a
los que realizan esta labor de manera “permanente con remuneración”. Una
definición más orientada al control que a la salvaguarda.
Esta
pretensión equivale a descalificar profesionalmente al médico particular, al
músico que da clases, al maestro que ejerce la docencia a domicilio, al abogado
y tantas otras profesiones que se desempeñan al margen de nóminas empresariales
o gubernamentales.
Como
las instituciones mexicanas no han cumplido el precepto “prevenir y proteger” a
los periodistas y las tasas de agresiones han generado un escándalo
internacional, parece que una estrategia será reducir las cifras asegurando que
una gran proporción de los afectados o muertos “no son periodistas”, bajo
criterios sesgados y unilaterales. Sería una vía perversa en búsqueda dos
resultados: bajar las cifras e invisibilizar a los periodistas independientes.
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