El precario ejercicio de la libertad de expresión en México está
dando pasos agigantados, hacia atrás. La escalada de agresiones a los
periodistas es un indicador contundente. No se trata de todos los periodistas,
solamente aquellos que ejercen el oficio de manera independiente y crítica.
Esos están en el blanco de los ataques, que suelen quedar impunes. El último
episodio es el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa.
Días
antes de morir, Rubén explicó que había salido de Xalapa, Veracruz, para
autoexiliarse en la ciudad de México tras reiteradas acciones amenazantes e
intimidatorias que vivió a unos pasos de su hogar. [Entrevista en Rompeviento:
http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=1429] Estaba muy reciente el episodio en
que un grupo de individuos encapuchados y con chalecos tácticos irrumpió en una
fiesta de estudiantes activistas de la Universidad Veracruzana para golpear con
saña a los presentes y, enmedio de amenazas, llevarse los teléfonos celulares y
las computadoras. Varios estudiantes debieron ser hospitalizados, con heridas
graves en el cráneo y en el rostro.
La
precaución de Rubén Espinosa no era gratuita. Veracruz es el estado más letal
para los periodistas. Entre los años 2000 y 2014 fueron asesinados 16
periodistas, pero once de ellos fueron ultimados en el gobierno de Javier
Duarte, el gobernador que en un discurso se mostró persuasivo al advertir a los
medios de comunicación: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos
pasos”, infiriendo vínculos con el crimen organizado y posibles
ajusticiamientos por la disputa de plazas entre grupos delincuenciales. Esta
declaración fue calificada como una amenaza por integrantes del gremio y un
aviso de que se criminalizaría a los muertos.
Pocos
días después de este discurso, fue encontrado sin vida Juan Mendoza, director
del portal de noticias Escribiendo la Verdad. Su cuerpo fue encontrado con
múltiples golpes a la orilla de la carretera federal que comunica Santa Fe con
San Julián. Sin mayor averiguación de qué hacía en el kilómetro 5 de esa
carretera, las autoridades lo declararon “muerto por atropellamiento”. Mendoza
se había relacionado con el gremio periodístico por dos décadas, pero salvo
cinco excepciones, sus colegas prefirieron no asistir al sepelio. Por lo visto,
atendieron a pie juntillas el mensaje de Duarte.
En
Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge no sólo mantuvo nueve meses en
prisión a Pedro Canché, corresponsal de la revista Proceso que terminó siendo
liberado por falta de pruebas, sino que se niega a ofrecer una disculpa pública
y reparar el daño causado.
En
Guanajuato, la violenta golpiza a Karla Silva Guerrero en la propia redacción
de El Heraldo de León, en Silao, no derivó en sanciones penales. A pesar de que
los agresores fueron detenidos y declararon actuar por instrucciones del “señor
alcalde”, quien ya le había advertido a la reportera: “Bájale de h... a tus
notas”, el Poder Judicial del estado dejó en libertad a los agresores tras
pagar una fianza de $2,559 pesos y consideró innecesario investigar a la
autoridad local.
La
organización Articulo 19 elaboró el informe “Estado de censura”, donde
documentó 326 ataques contra periodistas y medios de comunicación a lo largo de
2014. El desglose es atroz: un periodista mexicano fue agredido cada 26 horas
(con Calderón el promedio fue de un ataque cada 48 horas); 56% de los agresores
fueron funcionarios de gobierno; predominaron las agresiones físicas o
materiales (43% del total); los ataques de género fueron una constante contra
comunicadoras y mujeres que documentan protestas sociales.
El
título del documento se ajusta a la realidad que vive México. Las condiciones
de riesgo para los periodistas se han extendido e intensificado. Ya no se trata
sólo de los corresponsales de guerra o de reporteros que cubren temas
relacionados al crimen organizado o al narcotráfico. Ahora se ha desatado la
violencia institucional contra quienes cubren protestas sociales y hasta
procesos electorales.
En
ese sentido, la organización Propuesta Cívica ha evaluado las condiciones para
ejercer el periodismo durante los procesos electorales en México y los ha
clasificado como “cobertura de riesgo”, por el alto volumen de ataques a
periodistas, con un 26% de ellos efectuados en forma premeditada. El mayor
problema, señala esta organización, es la impunidad que cobija a los agresores.
Por
otro lado, cuando las autoridades intervienen ante amenazas a periodistas, el
mecanismo de protección que suelen aplicar consiste en confinar a la persona
“para que esté segura”, con lo cual le impide ejercer su oficio profesional, es
decir, contribuye a silenciarla.
Cada
día son más limitadas las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de
expresión. Y ante los ataques a este derecho no hay una investigación adecuada,
ni sanciones ejemplares, ni -lo más grave- mecanismos que garanticen que la
agresión no se repetirá.
El
control financiero y político de muchos medios regionales y nacionales propicia
que éstos actúen con cautela o enmudezcan ante los ataques a la prensa. Pero
incluso en los que se resisten a ser controlados, hay articulistas que si bien
repudian los atentados contra la libertad de expresión siguen considerando como
la principal amenaza al crimen organizado y en segundo plano “la incompetencia
y la arbitrariedad de los gobiernos locales”.
Los
estudios de Artículo 19 y Propuesta Cívica indican que la situación se ha
invertido: hoy, la mayor amenaza es de carácter institucional. Esto entraña un
riesgo social altísimo. Permitir que silencien a los periodistas implica
tolerar que la sociedad se hunda en la oscuridad.
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