Los
reclamos al Gobierno Federal por el caso Ayotzinapa renacieron tras la
presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), el cual echó por tierra las explicaciones oficiales, en
especial la “verdad histórica” de que los normalistas desaparecidos habían sido
incinerados en el basurero de Cocula. Esto último, dijo el GIEI, es
“científicamente imposible”.
De
inmediato, las familias de los desaparecidos y organizaciones defensoras de
derechos humanos criticaron en desempeño de las instancias gubernamentales. En
respuesta, varios medios de comunicación de cobertura nacional se apresuraron a
cobijar al Gobierno Federal. Lo lamentable de esta actitud es que justifica una
serie de irregularidades cometidas por las autoridades, como la distorsión de hechos,
la fabricación de pruebas, el encubrimiento, el engaño a toda la sociedad (no
sólo a las familias de los desaparecidos). En resumen, alienta que prevalezca
la impunidad y la injusticia.
Incluso
en redes sociales se ha pretendido colocar a la impunidad como un estado
superior del perdón, como si eso nos alejara del brutal “ojo por ojo”. Y con
diversos argumentos se respalda la propuesta presidencial de “dar vuelta la
página” del caso Ayotzinapa, de “superarlo”.
Sin
embargo, el crimen debe ser castigado. Eso no debe ser negociable. Lo que sí
necesita discutir el conjunto de la sociedad es cuál es el sentido del castigo.
“Nadie
castiga a un hombre malo sólo porque ha sido malo, a no ser que se trate de
alguna bestia feroz que castigue para saciar su crueldad. Pero el que castiga
con razón, castiga, no por las faltas pasadas, porque ya no es posible que lo
que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan sobrevenir,
para que el culpable no reincida y sirva de ejemplo a los demás su castigo
[...] Sólo se castiga respecto al porvenir”.
Esta
lucidez data de hace más de dos mil años. Corresponde a Protágoras (citado en
los Diálogos de Platón) y da luz a esta necesaria discusión. Los medios podrían
ser impulsores de este debate, en vez de promover la desactivación de la
polémica.
El
informe citado del GIEI establece puntos críticos que exigen investigación y sanciones
a muy diversos niveles. Sólo por mencionar tres de ellas:
1.
Examinar todos los posibles destinos de los normalistas, así como el probable
uso de crematorios en entidades públicas y privadas de Iguala y Cocula.
Por
un lado, abrir más líneas de investigación, empezando por considerar la
posibilidad de que aún estén con vida. Por otro lado, y al ser imposible la
cremación en el basurero de Cocula, la PGR tendría que explicar de dónde sacó
realmente las cenizas cuyo ADN pertenecía a Alexander Mora, identificado en el
laboratorio de Innsbruck. (Prácticamente está desechada la historia de que las
encontraron en un río.)
2.
Indagar la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron
presentes. Toda la información oficial consultada por el GIEI revela que el
ataque a los estudiantes y su desaparición fue una acción concertada entre
policías municipales, estatales, federales y militares.
(Quien
tenga memoria del último año recordará declaraciones oficiales que negaban en
forma tajante la participación de las policías estatal y federal, así como del
ejército.)
3.
Investigar como posible móvil del ataque el traslado de estupefacientes en un
autobús. Esta posibilidad deriva de la desaparición en registros oficiales y
físicamente de un quinto autobús secuestrado por los estudiantes, así como de
la determinación policiaco-militar de no permitir -a sangre y fuego- que algún
autobús saliera de Iguala.
Cabe
recordar que fue a causa de la enorme presión social en México y el extranjero
que el gobierno mexicano, hundido en un profundo descrédito, pidió la
colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta propuso
la conformación del grupo de expertos que esté domingo presentó su informe.
Ayotzinapa
ha sido un parteaguas porque conjuntó todas las condiciones de violencia,
complicidad, corrupción e impunidad cuya densa trama asfixia a la sociedad. Las
versiones oficiales que buscaban acotar y dar por cerrado el caso terminaron
por confirmar esa urdimbre que se repite en múltiples casos, pero que
Ayotzinapa hizo visible.
Tras
el informe del GIEI, las autoridades federales anunciaron su disposición a
atender las conclusiones de este grupo de expertos, sin embargo ¿qué ocurre con
los más de once meses en que han hecho declaraciones falsas, han desvirtuado la
información y han ocultado evidencias relevantes?
Esos
ilícitos también deben ser castigados. Es un primer paso para reencauzar las
investigaciones de delitos hacia los causes de la ley, para evitar la
repetición del engaño y la complicidad. En ese proceso, los medios podrían
jugar un papel clave.
Si
erradicamos la idea de venganza y exigimos que se castigue “respecto al
porvenir”, podremos comenzar a discutir como sociedad cuál es ese porvenir que
deseamos y merecemos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario